El proyecto hidroeléctrico Rositas avanza para obtener la licencia ambiental. Los afectados aún no reciben información al respecto

“21 Fortalezas Evo. Rositas”. Casa pintada por el partido de gobierno, MAS , en el municipio de Cabezas, donde, según comunarios se instalarían las oficinas de Ende.

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Transgénicos, agrotóxicos y deforestación. Resistencia a la expansión del agronegocio

El 26 de enero de este año, colectivos y activistas contra los transgénicos en Santa Cruz, hicieron presencia para expresar su rechazo al seminario organizado por el Ministerio de Gobierno, partidarios del Movimiento Al Socialismo,  la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),  entre otros. Dicha conferencia denominada “Implementación de cultivos transgénicos o genéticamente modificados, como alternativa de mejoramiento a la producción”, estaba destinada, a decir de los colectivos, a hacer propaganda a favor de las semillas transgénicas, confundiendo biotecnología con transgénicos,  y a deslegitimar la lucha que por años han realizado como sociedad civil ante la amenaza de los agrotóxicos, los transgénicos y la deforestación, que son parte fundante del modelo del agronegocio en Bolivia.

 

NO a los transgénicos, SI a la agroecología (Foto: CODAPMA)

 

Las alianzas del gobierno y el sector  agroempresarial

El que instancias del estado y el MAS realicen un evento junto a las representaciones empresariales para mostrar los supuestos beneficios de los transgénicos como mejoramiento de la producción, tiene una historia más larga que remite a varios hechos políticos.

El 2008, se registraron los momentos de máximo enfrentamiento de sectores del empresariado más poderoso del país articulados políticamente en el Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE), con el gobierno del Movimiento Al Socialismo. Sin embargo, poco después de aprobada la Nueva Constitución Política del Estado el 2009, el MAS comenzó a establecer  acercamientos y luego pactos con dichos sectores. Hablamos de hechos como la incorporación a filas oficialistas de ex furibundos opositores al gobierno, otrora pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque de la oposición; de acercamientos políticos del MAS con fracciones del muy tradicional partido de derecha Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR); o la presentación de candidatxs masistas para las elecciones subnacionales, pertenecientes a  élites departamentales o que  habían militado en partidos de derecha.

Afiche del seminario organizado por instancias de gobierno y los agroempresarios

En el fondo están los acuerdos que poco después el gobierno comenzó a consolidar con la CAO, la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), etc., destinados a satisfacer las principales demandas de estos entes, relacionadas a la legalización de áreas deforestadas, ampliación del plazo de control de la Función Económica Social (FES), transgénicos y libre exportación de sus productos. Paradójicamente, normativas como la Ley de la Madre Tierra de 2012, son contradictorias con otras leyes como la 337 (2013), calificada como la ley del “perdonazo forestal”.

La denominada “Agenda Patriótica 2025”, en términos de política agraria, anuncia como un pilar económico la ampliación de la frontera agrícola a través de la incorporación de  10 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera, en un plazo de 10 años.

El 2015, en la criticada Cumbre Sembrando Bolivia del 2015, quedó de forma aún más evidente que,  a pesar de lo que establece la NCPE aprobada el 2009,  la política agraria favorecería a las agroempresas y no así a los pequeños productores y productores agroecológicos, sin embargo, esa ocasión, el tema de los transgénicos había “quedado en el limbo”.

En febrero de 2016, los acuerdos obtenidos en la Cumbre, se materializaron en tres leyes, (la 739, la 740 y  la 741),  donde el agronegocio se favoreció con la ampliación del plazo del control de la Función Social Económica (FES), de cada 2 a cada 5 años, así como se benefició por la ampliación del “perdonazo” por desmontes ilegales que hubiesen podido realizar.

Ya el 19 de diciembre de 2017, el gobierno nacional firmó un acuerdo con las principales organizaciones agroempresariales del país, el cual abarca las principales demandas de este sector.  Las tres mesas de negociación concluyeron en compromisos que favorecen  ampliamente a los empresarios privados y que resultan adversos a sectores indígenas y a la seguridad alimentaria del país.

La Fundación Tierra, en un análisis del acuerdo, señala la evidente connivencia entre la agroempresa, por ende las transnacionales vinculadas con ésta, y el gobierno. Encuentra  puntos importantes y que revisten gravedad: la aprobación de la libre exportación de productos como la soya, carne de res, derivados del alcohol, etc., una medida de corte neoliberal; se legalizarían las quemas ilegales de bosque realizadas en los últimos ocho años;  se determina establecer una nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, sobrepuesta al territorio indígena del pueblo Gwarayu, lo que significa legalizar asentamientos e inversiones ilegales afectando casi la totalidad de la reserva; el punto cinco de la mesa 2, permite la apertura a transgénicos de la soya hacia otros tres productos más: maíz, caña de azúcar y algodón.

La resistencia frente al modelo del agronegocio en Santa Cruz 

En un contexto difícil, como sede de las principales organizaciones de la agroindustria, y como departamento donde se ha concentrado la utilización de las semillas transgénicas en la producción de soya, colectivos urbanos y  pueblos indígenas se han opuesto a la introducción de transgénicos en la producción de maíz y otros productos, así como a la política de ampliación de la frontera agrícola impulsada desde el estado, en desmedro de áreas protegidas y territorios indígenas.

Alejandra Crespo, de la Coordinadora Por el Medio Ambiente (CODAPMA), luego de tres años de hacer un seguimiento y movilizarse como colectivo frente a las políticas estatales que favorecen la  expansión del agronegocio, la introducción de semillas transgénicas, el crecimiento exponencial de la importación de agrotóxicos  y la deforestación en Santa Cruz, señala:

A.C. El actor que se beneficia en este caso son las empresas transnacionales que proveen los agrotóxicos que acá en Santa Cruz principalmente, que es donde se maneja el agronegocio. En las carreteras uno puede ver sus vallas de todas estas transnacionales como BAYER, SYNGENTA, entonces son empresas que están justamente buscando el monopolio del uso de los agrotóxicos a nivel mundial y de las semillas también y cada vez ellos se están apoderando de los insumos y de las semillas, y obviamente a lo que apuntan es justamente a obtener el monopolio de estos recursos que son tan importantes, principalmente la semilla para definir qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y a qué precio se produce.

Organizaciones civiles que también son parte de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, en mayo de 2017, realizaron la denuncia sobre la existencia de plantaciones de maíz transgénico ilegal, realizada en la colonia menonita Pinondi,  en la zona de Charagua[14], la cual fue confirmada por autoridades:

A.C.: El año pasado hicimos la denuncia de que  ya habría maíz transgénico produciéndose de manera ilegal, tampoco recibimos respuesta, nos dimos la molestia de ir a la zona del Chaco, una colonia menonita, y verificar con un kit genético justamente la denuncia que hicimos, y evidentemente describimos que ahí había maíz transgénico resistente al glifosato, hicimos la denuncia, presentamos todo un estudio técnico y demás ante el SENASAG, ante e INIAF porque son las autoridades competentes que deberían regular esto,  la respuesta que nos dieron, de que irían a verificar y si en caso de que fuese cierto quemarían esos campos, pero nunca supimos nada al respecto, no nos dieron mayor información.

Las Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos, (COPNAG), por su lado, se han pronunciado ante la decisión de realizar una nueva delimitación en la Reserva Forestal Guarayos, que a su vez es territorio indígena, declarándose esta organización en emergencia al no haber sido consultados y exigiendo el desalojo de asentamientos ilegales, sanciones a los desmontes ilegales y  rechazando de manera total el convenio entre agroempresarios y el gobierno.

A.C.: Nosotros en el marco de la plataforma nacional sacamos un pronunciamiento también los del Comité Científico de Biotecnología, plataforma agroecológica muchas plataformas que se manifestaron repudiando la situación de alianza del agronegocio con el gobierno, que son los que definen lo que se produce en Bolivia para apoyar transnacionales en desmedro de la salud y economía de los bolivianos. Es escandaloso ese seminario y por eso decidimos ir a protestar.

Mientras lxs activistas que expresaron su rechazo al evento organizado por personeros de gobierno, del IBCE y del agroempresariado, fueron  agredidos a la salida por grupos de choque, se esperan los próximos pasos que el acuerdo Gobierno- empresarios han definido para dentro de unos meses, es decir, la propuesta sobre transgénicos que deberá ser presentada por el sector privado en marzo de este año y lo que sucederá en la Reserva Forestal Guarayos. Lo que implica ver que las autoridades solo están negociando con los agroempresarios y no así con la población.

El comunicado de la COPNAG señala en su parte final:

“Hacemos recuerdo al Gobierno Nacional que Nuestro territorio no fue regalo de ningún Gobierno, sino más bien es producto de movilizaciones, luchas, sacrificios de vidas humanas, por mantener reproducir y conservar nuestro sistema de vida en un territorio ocupado y defendido ancestralmente, por tanto de no ser escuchada nuestro petitorio seguiremos defendiéndolo si es posible con nuestras vidas como lo hicieron nuestros antepasados y tomaremos todas las medidas que sean necesarias en defensa de nuestro territorio”.

 

Hidroeléctrica Rositas: comunidades afectadas denuncian actividades inconsultas de ENDE y explican su postura

Santa Cruz, Bolivia.- Amplificamos la denuncia de la comunidad Lajitas Moroco, sobre que el día sábado 13 de enero de 2018, personeros de ENDE quisieron ingresar sin su autorización a realizar entrevistas y evaluaciones del impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico, aprovechando que los comunarios están en sus labores agrícolas. La gente les pidió que coordinen primero con el Comité, impidiéndoles la entrada.

Difundimos también el vídeo del Comité de Tierra y Territorio,conformado por las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas, (Santa Cruz), donde explican porqué se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.

 

#LlamanProgresoAsuDestrucción

En Bolivia: Machi Francisca Linconao toma la palabra

(La fuerza de Tralkan)

A pesar del revuelo y especulaciones, varias de ellas con aire racista,  en la prensa y el ámbito político en Chile sobre la  llegada de Machi Francisca Linconao a Bolivia,  ella estuvo aquí la anterior semana simplemente porque tiene el derecho de viajar a donde quiera, después de haber sido absuelta por segunda vez en el caso Luchsinger-Mackay.

Francisca Linconao, Machi de la Lof Rahue, en Temuco, accedió a brindarnos un testimonio sobre su vida en estos últimos años. La vida de una mujer mapuche, autoridad espiritual de su comunidad,  en la cual podemos ver reflejadas de muchas maneras la vida y la lucha en Bolivia de mujeres en comunidades indígenas que están siendo amenazadas en su propia existencia por actividades extractivas, expansión de monocultivos, proyectos de mega infraestructura, mineros o petroleros.

Machi Francisca, fue la primera mujer mapuche en interponer y ganar un Recurso de Protección el 2009, haciendo cumplir por vez primera en Chile el convenio 169.

Para muchos de nosotrxs, el  nombre de Francisca Linconao,  fue desconocido hasta varios años después, cuando  la prensa difundió la noticia sobre su primera detención en enero de 2013 por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Antes de que medios corporativos y el estado chileno a través de la Ley Antiterrorista, vincularan e inculparan a la Machi Linconao y otros 10 comuneros mapuche por la muerte de los dos hacendados, la lucha más subterránea de Francisca Linconao se había desarrollado en Temuco, cuando ella decidió proteger las plantas medicinales y los Menokos (o fuentes de agua) de su lof,  interponiendo un Recurso de Protección frente  a la Forestal Palermo, representada por Alejandro Taladriz.

Francisca Linconao es Machi Tralkan, es decir sus poderes de curación y sanación están ligados al trueno. Su victoria frente a una forestal que realizaba la tala ilegal de árboles, la plantación de especies nocivas como los pinos y eucaliptos, que afectaron los bosques nativos y los manantiales de la comunidad,  no solo es la victoria de sus conocimientos de sanadora  frente al poder de las empresas forestales, sino una de las claves, nos dice la Machi, para entender la persecución posterior que aún continúa enfrentando.

Ella, que ganó un recurso de protección a una forestal,  y ahora, por decisión del poder judicial y presión de la familia Luchsinger, a sus 61 años,  habiendo sido absuelta dos veces, deberá recomenzar por tercera vez el proceso legal por el mismo caso.

 

Comunidades mapuche: bajo la Ley Antiterrorista y los montajes judiciales

Juzgar a alguien más de una vez por el mismo caso, es algo que no está permitido (aún) en las leyes bolivianas. Sin embargo, las comunidades mapuche que viven constantemente perseguidas bajo la Ley Antiterrorista, -una de las peores herencias de la dictadura pinochetista-, son vulnerables a estas vueltas de las acciones legales del estado.

La continuidad del neocolonialismo judicial, se expresa en la aplicación de la Ley Antiterrorista a los detenidxs mapuches, la cual permite la “prisión preventiva”, y, hasta hace poco, la detención de menores de edad en casos que el estado considera son destinados a generar “terror” a la población.  Las masivas huelgas de hambre protagonizadas por presos políticos mapuche del 2010 al 2011, permitieron que sea modificada en algunos elementos.

Los inculpados por el caso Luchsinger- Mackay, y por tanto Machi Francisca Linconao, son juzgadxs por la ley Antiterrorista, sobre la base de montajes judiciales, como la misma Machi nos narra en su testimonio, así como sucede en otros casos seguidos y develados sobre todo por medios alternativos en Wallmapu. Sin embargo, casos como el de Brandon Hernández Huentecol, en el que el joven mapuche de17 años, estando reducido,  fue baleado con 40 perdigones por la espalda por un carabinero chileno, no es considerado por la justicia como un acto para “generar terror”. Pero entonces ¿qué es lo que viven decenas de comunidades mapuche cuando se militarizan sus regiones, cuando fuerzas de seguridad disparan impunemente a sus comuneros o cuando se violenta y reprime con brutalidad a niñxs y mujeres?

De cómo se vive juzgadx bajo la Ley Antiterrorista,  de los manantiales y plantas medicinales de la Lof Rahue y su defensa, nos  habla más extensamente Machi Francisca Linconao, en su breve paso por Bolivia, como experiencias en el núcleo mismo del colonialismo y del avance capitalista en los territorios.

Que se difundan sus palabras que llegan con la fuerza del Tralkan.

Hidroeléctrica Rositas: comunidades afectadas denuncian que ENDE y personeros de la empresa china AAR ingresaron sin permiso a sus propiedades

Comunidad afectada Vado del Yeso, dice NO A LA HIDROELÉCTRICA ROSITAS (Foto: Martín Vilela)

Comunidades afectadas por la Hidroeléctrica Rositas, aglutinadas en el Comité de Defensa de Tierra y Territorio, denuncian que ayer jueves cuatro de enero, personeros de la empresa ENDE Guaracachi y extranjeros de la empresa china Asociación Accidental Rositas, (AAR), en dos vehículos, habrían ingresado sin permiso a la propiedad de las comunidades Moroco y Moroco Lajitas, en la provincia Cordillera.

Benigno Barrientos, Vicepresidente del Comité de Defensa, en entrevista, informó que la empresa AAR estaría haciendo un estudio complementario al que ya hizo con anterioridad la empresa española EPTISA, para confirmar los datos obtenidos por ésta última.

Aunque autoridades de ENDE afirman que solo ingresaron a caminos de uso público, los comunarios indican lo contrario. Al no explicárseles sobre los trabajos que en específico están realizando ENDE Guaracachi y la empresa AAR, las comunidades decidieron no permitir el ingreso de estas comisiones, así como exigen un informe detallado sobre el tipo de estudios que se realizan, la dimensión de las zonas a ser estudiadas, cuantas máquinas ingresarían al lugar, cosa que no existió hasta ahora.

Benigno Barrientos: Pero la mayor preocupación es que (ENDE y la AAR) al no poder dialogar, convencerle al propietario, están tomando la decisión de ingresar en vehículos particulares, en vehículos de ellos, de ENDE Guaracachi, recorriendo la zona y tomando datos con equipos, o sea están haciendo un estudio, como podríamos decir, de gabinete, no están haciendo un estudio serio bajándose al lugar, haciendo las calicatas que tienen que hacer, porque no tienen acceso, porque no pudieron a la gente convencernos.

No hay información completa a las comunidades afectadas

Estos trabajos  en área que las empresas realizan, se dan aunque aún no ha concluido el proceso de la llamada “socialización” del proyecto, la cual se estaría efectuando sin información completa. En comunidades de Vallegrande, como Vado del Yeso o Lajas Toco, no se ha permitido que las comisiones encargadas de dicha “socialización” ingresen.

El gobierno sostiene que la socialización del proyecto hidroeléctrico se ha realizado en un  90% de comunidades, y que se habrían realizado 165 reuniones con éstas, pero Barrientos indica que en los últimos meses, dichas reuniones de socialización se realizaron con comunidades que no son las 14 directamente afectadas por el proyecto hidroeléctrico.

Las comisiones de socialización, son cuestionadas y rechazadas por las comunidades afectadas porque  informan de manera amañada a la gente, únicamente detalles técnicos y los supuestos beneficios que traería la hidroeléctrica, pero no se explican  los impactos sociales y económicos que conlleva la construcción de Rositas.

A esto se suma la falta de información y consenso para realizar los estudios, lo cual sucede no solo ahora con el caso de las empresas AAR y ENDE Guaracachi, sino ya pasó con la empresa española EPTISA que hizo sus trabajos desde 2015 en la zona, con avionetas sin respetar las decisiones de la gente afectada, la cual se había negado a que ingresen a sus propiedades sin su consentimiento.

Benigno Barrientos: Nuestra mayor preocupación de nosotros como propietarios privados  es que este proyecto está avanzando de manera gigantesca en sus estudios, sin consenso de los propietarios ingresando a hacer trabajos de escondidas sin tener la capacidad de dialogar con el propietario, de decirle: señor este proyecto va  así y aquí está el beneficio. La mayor preocupación de nosotros como afectados es que no nos muestra una realidad de qué va a pasar con el afectado. Si hubiera la buena intención, nosotros siempre hemos abierto la puerta al diálogo, personalmente mi persona, estamos dispuestos a debatir y contribuir  al desarrollo del país, pero lo que nos preocupa es que no hay ninguna alternativa para los afectados. En ningún momento se han manifestado ninguno de los equipos sociales que han pasado por la zona, y han pasado tres o cuatro equipos sociales, y nadie ha dicho estas son las alternativas, no han tenido esa capacidad de mostrarnos el anteproyecto para los afectados.

Como ya es característico de este tipo de proyectos estos últimos años en Bolivia, los trabajos de estudio iniciales de Rositas, se realizaron sobre la base de ofrecer a cambio de dejar ingresar a las comisiones de estudio, pequeños proyectos de desarrollo, (centros de salud, inodoros, antenas de telefonía, etc.) De hecho, testimonia Barrientos, ENDE Corani y EPTISAS hicieron este tipo de convenios de obras que no se cumplieron.  De otro lado, como evidencian ambientalistas de Santa Cruz, el proyecto se impone con el divisionismo impulsado por el estado, de comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Es así que gente de lugar que no cuenta con el reconocimiento y el aval de las comunidades, es la que está acompañando y abriendo espacios para que ingresen ENDE y la AAR.

Bajo agua: territorios ancestrales, tierras productivas, zonas históricas y biodiversidad de la zona

Don Benigno nos explica que son 45 mil hectáreas afectadas de manera directa y  60 mil de forma indirecta,  por el proyecto hidroeléctrico. Se inundarán escuelas, infraestructura de las comunidades e incluso también un puente que integra a Vallegrande.

Benigno Barrientos: Es una zona productiva, es una zona núcleo donde aún se preserva la naturaleza, el bosque, los animales salvajes, nosotros compartimos con los animales (…) la verdadera decisión que los afectados hemos tomado es que nos entierre bajo el agua pues, porque no sabemos a dónde ir…

El Área Natural de Manejo Integrado, (ANMI), Río Grande Valles Cruceños, las zonas ganaderas y productoras, territorios indígenas ancestrales, parte de la conocida histórica  “Ruta del Che”, quedarán bajo agua a título de “desarrollo” y “progreso”. Las comunidades afectadas  no se cierran a un diálogo con el estado, pero nos recuerdan que son ellas las que viven por centenas de años allí, y advierten que poner en peligro el ANMI es poner en riesgo al pulmón más grande y próximo que tiene la ciudad de Santa Cruz.  Más allá, el proyecto Rositas expone a un grave daño a la biodiversidad y ecosistemas de cuyo bienestar dependemos todos.

Las comunidades indígenas, campesinas y de productores agrupadas en el Comité, están en lucha. Exigen ser informadas con veracidad sobre las afectaciones del proyecto: “hablen con las comunidades que realmente son afectadas” concluye Benigno Barrientos.

 

 

Comunidades de Tariquía reafirman su lucha por la defensa del agua y la vida

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (Foto: Chaski Klandestinx)

El día viernes, 15 de diciembre de 2017, las seis comunidades de la Subcentral Tariquía y el Comité de Defensa, se dieron cita en una Reunión Extraordinaria en la comunidad de Pampa Grande, para reafirmar la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, la cual, desde la aprobación del decreto 2366, se encuentra bajo el peligro de ocupación de empresas petroleras nacionales y extranjeras.

Las comunidades, frente a la firma de acuerdos del gobierno con PETROBRAS, para la exploración hidrocarburífera, han decidido llevar adelante nuevas estrategias de movilización que frenen a las políticas extractivistas del estado que amenazan con el despojo de los territorios. Asi mismo, se denunció que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, intenta imponer un proyecto de turismo empresarial privado:

“Sabemos que nuevamente hay una empresa de turismo que ha incumplido las normas (…) para usufructuar. Estamos en desacuerdo, nos hemos enterado que el SERNAP está empeñado en abrir las puertas”

Al respecto, don Francisco Romero, dirigente de la Sub central Tariquía, anuncia que esperarán las explicaciones necesarias, de lo contrario se movilizarán frente a lo que denominaron un nuevo atropello.

En este escenario, donde también se denunció que la empresa china Synopec, está ofreciendo empleos a los tariquiyeños, con la intención de desmovilizarlos, doña Paula Gareca, ejecutiva de la Subcentral, afirma que:

“El compromiso de las mujeres es seguir llevando adelante la defensa para dejar un futuro para nuestros hijos, para que puedan vivir como nosotros con aire puro, agua y que tengan lo mejor. Asi hacemos esta lucha por nuestros hijos y nietos para que no se pierda el agua que es vida”.

AClaró que esta defensa no es solo para Tariquía sino para todos, y señaló que:

“No vamos a dejar el ingreso de las empresas petroleras y vamos a seguir de pie hasta las últimas consecuencias”.