El despojo detrás de un “sueño”. El proyecto hidroeléctrico Rositas como ejemplo de la ocupación capitalista de los territorios en Bolivia

Claudia Cuellar Suárez

Huáscar Salazar Lohman

  

 La imagen es elocuente, el presidente Morales en el Hotel Los Tajibos –el más “prestigioso” de Santa Cruz- dirigiéndose a las élites económicas del oriente boliviano sobre los beneficios del proyecto hidroeléctrico Rositas, mientras que lo flanquean su vicepresidente, ministros, congresistas del MAS, pero también representantes políticos de aquella élite cruceña, incluido el propio gobernador Costas. “El sueño de Santa Cruz hecho realidad” son las palabras del cartel que acoge el evento. ¿Se refiere a esa Santa Cruz que representa la sala?

 

A doce años de iniciarse el gobierno del MAS, asistimos a la consolidación de una inercia estatal en la que el mando político y su posibilidad de sostenerse materialmente en el tiempo se nutre del despojo depredador de la naturaleza y de la ocupación capitalista de los territorios comunitarios, de una manera que ni el propio neoliberalismo logró hacerlo,  no porque aquel modelo no lo haya intentando, sino que el actual gobierno y la lógica misma del Estado Plurinacional se funda, como condición de existencia, en la desarticulación de las organizaciones sociales que históricamente resistieron y lucharon contra este tipo de políticas.

En este texto queremos hablar de esta dinámica estatal, de los intereses en juego y de la manera en que el gobierno agrede a las comunidades que resisten y defienden sus formas de vida y los espacios donde reproducen la misma, expropiando prerrogativas sobre sus territorios. Realizamos esta lectura a la luz de lo que sucede con la resistencia al proyecto hidroeléctrico Rositas, con el ánimo de poner en discusión ciertas claves que son compartidas con otros proyectos de ocupación y despojo en el territorio boliviano y  creemos se generalizarán aún más.

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Comunidades guaraní afectadas por la hidroeléctrica Rositas exigen a sus dirigentes unirse a la defensa del territorio

En Comunicado de Prensa, las comunidades indígenas guaraní Tatarenda Nuevo y Yumao, de la Capitanía Zonal de Kaaguazu, (Santa Cruz), enviaron una carta este mayo a sus representantes máximos de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), exigiéndoles que cumplan, como instancia que aglutina a la nación guaraní en Bolivia, su papel en la defensa del territorio, ahora amenazado en dicha Capitanía, por el proyecto hidroeléctrico Rositas.

Las dirigencias de los niveles más grandes, de acuerdo al comunicado, han firmado acuerdos con la Empresa Nacional de Energía (ENDE), sin preguntar a sus bases,  violando las regulaciones internas y las tradiciones de consulta y decisión que tienen las comunidades, donde éstas deberían ser informadas y consultadas sobre cualquier tema que les afecte, más aun si se trata de un proyecto tan grande como la hidroeléctrica Rositas.

El modelo político del extractivismo se ha sostenido este tiempo en la ruptura y aplastamiento de las tradiciones orgánicas de los pueblos indígenas/campesinos, reemplazadas en otros casos por dirigencias paralelas afines al gobierno impuestas sobre la base de prebendas, dando lugar a la destrucción de los movimientos indígenas.

Las comunidades guaraní en peligro de desaparecer por los efectos del proyecto hidroeléctrico, están en resistencia, aún cuando las dirigencias organizacionales de los máximos niveles no las han apoyado, más aún, invitan abiertamente  a dichas dirigencias a retornar a la lucha por la libertad y el territorio.

COMUNICADO DE PRENSA (De las comunidades guaraní en resistencia Tatarenda Nuevo y Yumao)

TIPNIS: Dirigencia orgánica denuncia fuerte intromisión política del MAS en supuesto Encuentro de Corregidores

(Gundonovia, TIPNIS. Beni). Desde la comunidad de Gundonovia en el TIPNIS, Cecilia Moyovirí, Vicepresidenta de la Subcentral TIPNIS orgánica, denuncia la grave y fuerte intromisión del partido de gobierno, Movimiento Al Socialismo, en la realización de un “Encuentro de Corregidores”, el cual fue convocado por la dirigencia paralela de Domingo Nogales, afín al gobierno y al proyecto carretero. Dicho encuentro tenía como fines, de acuerdo a la convocatoria, recoger demandas de las comunidades, así como el análisis de la autonomía en el TIPNIS, entre otras.

La denuncia de Cecilia Moyovirí hace referencia a la presencia de un personero de la Delegación de la Gobernación para el TIPNIS, Limberth Herbas, a quien se apoda “Capullo”, quien como operador político del gobierno, promete proyectos a las comunidades a cambio de la aceptación de la dirigencia de Nogales. Estas medidas están destinadas a seguir dividiendo a las comunidades de base, para la aceptación del proyecto vial que pasaría por medio del territorio. Este encuentro que habría tenido la participación de 29 comunidades de las 64, según la misma denuncia, también habría contado con la participación del Ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, así como del mismo gobernador del Beni, también de la distribución de víveres y hasta garrafas entre lxs asistentes, lo cual es una muestra de la intromisión partidaria prebendal y distorsión de las maneras en que los pueblos indígenas del TIPNIS deciden sobre temas que les son importantes a través de los Encuentros de Corregidores.

Las comunidades en resistencia anuncian seguir en la lucha en defensa del territorio.

 

 

 

OTRA VEZ en los JUZGADOS: ACCIÓN POPULAR contra el proyecto HIDROELÉCTRICO ROSITAS

 

Cada que emprendemos la retirada nos juramos no volver más. Pero pareciera que los “azares” han conspirado cizañeramente para que repitamos este trajín “ineludiblemente”. Lo que si se cuida es la apariencia, han perfeccionado la técnica para que no quede un hilo suelto que despierte la sospecha de ser parte de un mismo urdiembre. Otra vez, las esperanzas de soluciones que no llegan, están vaciadas a la voluntad de ternos con pestilencia a colonia y solvencia de poder; una máquina que taipea la sentencia, la burocracia que pone zancadillas y el despliegue de su dominio que se irgue solo para oler vulnerabilidad.

De eso se trata el nuevo orden. Hoy todo se define ahí: en sus cuatro paredes y sus múltiples pisos verticales con estantes llenos de papeles, con sus jueces, abogados, policías, fiscales, jugando a una ley que ha jurado sobre su dios ser antónima de justicia.

Esta vez, se llama Acción Popular. Y es el grito desesperado contra el monstruoso proyecto hidroeléctrico Rositas, las demandantes son las comunidades indígenas afectadas, y han llegado, hasta la ciudad de Cochabamba, las alianzas más insólitas logradas en estos tiempos de resistencia al sistemático resquebrajamiento organizacional y popular: comunidades campesinas, representantes de comités cívicos, vecinos y residentes del pueblo de Vallegrande, concejales y hasta el alcalde, con su único abogado, tuvieron que sentarse frente al bufete de 15 abogados de la empresa estatal ENDE y el mismísimo procurador del estado (que no está demás decir que fue quien se atribuyó la tarea de argumentar el porqué de la incompetencia territorial del caso), y obtener mediante la sentencias la evidencia de lo sabido: la balanza de la justicia judicial se inclina donde pesan los billetes.

El corazón fracturado de la tierra. Fracking y la expansión de la frontera petrolera en Bolivia

 

Una imagen, quiza la más difundida, de lo que significa la explotación intensiva de la tierra por el fracking. (Pozos de Fracking en Estados Unidos, foto: de las Redes)

Acorde a las políticas de exponencial aumento de la frontera petrolera en el país, el pasado jueves 12 de abril, el gobierno boliviano ha firmado un convenio con la empresa canadiense Cancambria, para la exploración de gas esquisto o pizarra en el yacimiento Miraflores, el cual, explica el investigador del CEDIB, Jorge Campanini, está situado en Macharetí en el Chaco Boliviano.

El fracking es una tecnología extrema para la obtención de energía extrema, es decir, no  solo es que ha llegado a usar miles de millones de litros de agua y químicos peligrosos que afectan el bienestar de humanos y no humanos, sino que es una de las formas de sobre explotación y transformación de territorios en zonas de brutal expoliación. Por medio de ella, el mundo capitalista, y multimillonarias empresas transnacionales en particular, sostienen un modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles, contaminantes y responsables del cambio climático.

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Proyecto hidroeléctrico El Bala-Chepete: Comunidades indígenas alertan pronta entrega del estudio a diseño final. Denuncian divisionismo y advierten resistencia

El pasado 14 de marzo, en el marco del Día Mundial Contra las Megarepresas, representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, denunciaron en  la ciudad de La Paz, a través de diversos eventos y una conferencia de prensa, que el proyecto hidroeléctrico Chepete – El Bala avanza hacia su ejecución, con la pronta presentación del informe del estudio a diseño final que realiza la empresa GEODATA en la región,  y que debía ser corregido por ésta, luego de observaciones que realizara la Empresa Nacional de Electricidad, (ENDE).

Representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, exponen su experiencia de lucha en el Foro Debate realizado en la UMSA, La Paz, (14 de marzo, 2017. Foto: CODA)

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El exterminio del jaguar. Tráfico ilegal y proyectos extractivistas en la amazonía boliviana

El viernes 2 de marzo se realizó en la ciudad de La Paz, una Conferencia de Prensa, brindada por la presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz, Ángela Nuñez; el dirigente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni y el Río Quiquibey; Alex Villca; así como de activistas y un abogado; que denunció el exterminio del jaguar así como explicó varias causas de dicha matanza en los últimos años.

Conferencia de Prensa sobre el exterminio del jaguar, en el día de la fauna silvestre. Organizada por colectivos de la Alianza Animalista y la APDHB, 2 de marzo de 2018 (Foto: Chaski Klandestinx)

Una investigación periodística  a fines del año pasado, señaló la existencia de una red mafiosa de tráfico de colmillos de jaguar, así como de otras partes de su cuerpo. Como señalan investigadores esta era solo la punta del iceberg, porque detrás de la demanda en China de los colmillos del jaguar y el negociado millonario que ciudadanos chinos en Bolivia realizan por su tráfico, se encuentran cómplices de nacionalidad boliviana, y, más allá, causas estructurales que han dado lugar ya a un proceso de exterminio del jaguar.

La bióloga Angela Nuñez, señaló que, luego de la cacería indiscriminada del jaguar en los años 60, que significó el tráfico de miles de pieles desde Latinoamérica hacia otros países, ésta se incrementó de nuevo desde el 2014 aproximadamente:

A partir del año 2014 se ha podido detectar nuevamente esta amenaza y se han identificado muchísimos casos de ahí en a delante hasta este último caso de los 185 colmillos decomisados en Santa Cruz, (…)esta amenaza actualmente se suma a las otras amenazas por las cuales las poblaciones de jaguar se ven reducidas en nuestro país, tales como la destrucción de su hábitat, por el avance de la frontera agrícola y también el hecho de que tengan conflicto con algunos por ejemplo con el ganado vacuno

Alex Villca del pueblo indígena Uchupiamonas  en el norte amazónico, señaló que como pueblos indígenas ven un problema creciente, donde en las radios de zonas como Reyes, Rurrenabaque o San Borja, se colocan anuncios para la compra de los colmillos. Los últimos tres o cuatro años, afirma Villca, se dio un notable descenso de avistamiento de jaguares:

La presencia de empresas de los ciudadanos chinos, de las empresas chinas, obviamente en alianza con los ciudadanos bolivianos, ha incrementado notablemente. Puedo decir que hace 3 o 4 años en el Madidi, en las rutas que hacemos en recorridos ecoturísticos, la observación del jaguar era bastante alta hace tres, cuatro años atrás, en los últimos años, poder observar un jaguar se ha disminuido notablemente.

ESCUCHAR PARTICIPACIÓN DE LA BIÓLOGA ÁNGELA NUÑEZ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA:

Las denuncias realizadas por otros comunarios en la zona del Madidi, hace dos años, señalaban también del escape de los jaguares a zonas muy alejadas, huyendo de, lo que coligieron, una cacería masiva. El incremento de la caza del jaguar, fue incluso visto y advertido a autoridades desde 2011-2012, siendo el 2014 un año en el que se incrementaron las denuncias sobre tráfico de sus colmillos. Si bien había amenazas anteriores por la presencia de madereros, y otras empresas en el Madidi, el 2016 habitantes de las comunidades en el Madidi, habían hecho notar la relación del incremento de la cacería a la llegada de la empresa china CAMC contratada para la ejecución del Complejo Azucarero de San Buenaventura.

La selva está de luto, cazar es asesinar (Arte contra el exterminio de jaguares, foto Chaski Klandestinx)

Es claro que existen otras causas estructurales que son parte de la crisis por tráfico de colmillos, por ejemplo se destina un presupuesto anual de 200.000 bolivianos donados por Dinamarca para la lucha contra el tráfico de la fauna silvestre, cifra pequeña frente a la gran inversión de 6 mil millones de dólares prevista por el gobierno para un proyecto destructivo del ecosistema amazónico como es la  Hidroeléctrica Chepete – El Bala. Villca señaló también la insuficiencia de equipamiento de los guardaparques, así como la apertura de la amazonía a millonarias inversiones privadas, destinadas no solo a la construcción de mega infraestructura, sino a proyectos extractivistas:

Con la lógica de “desarrollo” entre comillas, de llevarnos carreteras, de llevarnos puentes, de llevarnos fábricas, de permitir a las empresas mineras, a las empresas petroleras  acceso a nuestros territorios, acceso a nuestras áreas protegidas, es el resultado que estamos viviendo de cifras cuantiosas de tráfico de vida silvestre…

Es ya conocido que no hay un seguimiento jurídico y apoyo legal efectivo, como debería realizarse a estos casos denunciados, ni a lo que está pasando en diversas zonas de la amazonía del país y áreas protegidas como Tariquía. El Ministerio de Medio Ambiente, el mismo 2 de marzo pasado, afirmó que de 15 procesos solo dos tuvieron sentencia por el tráfico del jaguar con una pena de tres años de prisión, sentencia que, como señala Núñez, puede tener medidas sustitutivas.

Tanto Núñez como Villca, coinciden en señalar que por lo que se ha ido viendo estos años, hablar de 200 jaguares asesinados para el tráfico de sus colmillos y órganos no refleja la brutal realidad de una cifra que podría ser  mucho más elevada:

Alex Villca: pero esa cifra de 200 jaguares que se hubieran aniquilado en los últimos años desde nuestra vivencia como pueblos indígenas, esa cifra queda muy pequeña.

Ángela Núñez: 200 jaguares es una aproximación, es un número aproximado que se tiene, que no refleja mucho la realidad porque efectivamente no se pueden detectar todas las acciones o todos los animales que están siendo cazados a nivel terrestre y esto responde mas bien únicamente a los que han podido ser detectados, entonces estos número bien podrían duplicarse, triplicarse o incluso más.

Habiendo contabilizado estudios recientes una población de 7 mil a ocho mil jaguares en el país, la matanza de cientos de ellos puede verse como un equivalente a la figura de genocidio. El jaguar no solo es una especie muy importante para el equilibrio del ecosistema, sino que es una especie que no tiene altas tasas de reproducción, necesitando, afirma Ángela Núñez, amplios espacios para reproducirse y vivir, los cuales son cada vez más reducidos y agredidos por la expansión de la frontera agrícola o la llegada de los mencionados proyectos de expoliación de materias primas y mega infraestructuras, que le podrían llevar a su desaparición.

Ante el nivel de las amenazas para el guardián de la amazonía y este inminente peligro de extinción, el cuidado de la vida del jaguar es una convocatoria para todxs, el no permitir que la muerte tan cruel  de cientos de jaguares siga siendo la base de un negociado millonario sostenido por redes de tráfico nacional e internacional, y agudizado por proyectos extractivistas.

Participación en la conferencia de prensa de Alex Villca, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni y Río Quiquibey