El corazón fracturado de la tierra. Fracking y la expansión de la frontera petrolera en Bolivia

 

Una imagen, quiza la más difundida, de lo que significa la explotación intensiva de la tierra por el fracking. (Pozos de Fracking en Estados Unidos, foto: de las Redes)

Acorde a las políticas de exponencial aumento de la frontera petrolera en el país, el pasado jueves 12 de abril, el gobierno boliviano ha firmado un convenio con la empresa canadiense Cancambria, para la exploración de gas esquisto o pizarra en el yacimiento Miraflores, el cual, explica el investigador del CEDIB, Jorge Campanini, está situado en Macharetí en el Chaco Boliviano.

El fracking es una tecnología extrema para la obtención de energía extrema, es decir, no  solo es que ha llegado a usar miles de millones de litros de agua y químicos peligrosos que afectan el bienestar de humanos y no humanos, sino que es una de las formas de sobre explotación y transformación de territorios en zonas de brutal expoliación. Por medio de ella, el mundo capitalista, y multimillonarias empresas transnacionales en particular, sostienen un modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles, contaminantes y responsables del cambio climático.

Sigue leyendo

Anuncios

Proyecto hidroeléctrico El Bala-Chepete: Comunidades indígenas alertan pronta entrega del estudio a diseño final. Denuncian divisionismo y advierten resistencia

El pasado 14 de marzo, en el marco del Día Mundial Contra las Megarepresas, representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, denunciaron en  la ciudad de La Paz, a través de diversos eventos y una conferencia de prensa, que el proyecto hidroeléctrico Chepete – El Bala avanza hacia su ejecución, con la pronta presentación del informe del estudio a diseño final que realiza la empresa GEODATA en la región,  y que debía ser corregido por ésta, luego de observaciones que realizara la Empresa Nacional de Electricidad, (ENDE).

Representantes de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, exponen su experiencia de lucha en el Foro Debate realizado en la UMSA, La Paz, (14 de marzo, 2017. Foto: CODA)

Sigue leyendo

El exterminio del jaguar. Tráfico ilegal y proyectos extractivistas en la amazonía boliviana

El viernes 2 de marzo se realizó en la ciudad de La Paz, una Conferencia de Prensa, brindada por la presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz, Ángela Nuñez; el dirigente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni y el Río Quiquibey; Alex Villca; así como de activistas y un abogado; que denunció el exterminio del jaguar así como explicó varias causas de dicha matanza en los últimos años.

Conferencia de Prensa sobre el exterminio del jaguar, en el día de la fauna silvestre. Organizada por colectivos de la Alianza Animalista y la APDHB, 2 de marzo de 2018 (Foto: Chaski Klandestinx)

Una investigación periodística  a fines del año pasado, señaló la existencia de una red mafiosa de tráfico de colmillos de jaguar, así como de otras partes de su cuerpo. Como señalan investigadores esta era solo la punta del iceberg, porque detrás de la demanda en China de los colmillos del jaguar y el negociado millonario que ciudadanos chinos en Bolivia realizan por su tráfico, se encuentran cómplices de nacionalidad boliviana, y, más allá, causas estructurales que han dado lugar ya a un proceso de exterminio del jaguar.

La bióloga Angela Nuñez, señaló que, luego de la cacería indiscriminada del jaguar en los años 60, que significó el tráfico de miles de pieles desde Latinoamérica hacia otros países, ésta se incrementó de nuevo desde el 2014 aproximadamente:

A partir del año 2014 se ha podido detectar nuevamente esta amenaza y se han identificado muchísimos casos de ahí en a delante hasta este último caso de los 185 colmillos decomisados en Santa Cruz, (…)esta amenaza actualmente se suma a las otras amenazas por las cuales las poblaciones de jaguar se ven reducidas en nuestro país, tales como la destrucción de su hábitat, por el avance de la frontera agrícola y también el hecho de que tengan conflicto con algunos por ejemplo con el ganado vacuno

Alex Villca del pueblo indígena Uchupiamonas  en el norte amazónico, señaló que como pueblos indígenas ven un problema creciente, donde en las radios de zonas como Reyes, Rurrenabaque o San Borja, se colocan anuncios para la compra de los colmillos. Los últimos tres o cuatro años, afirma Villca, se dio un notable descenso de avistamiento de jaguares:

La presencia de empresas de los ciudadanos chinos, de las empresas chinas, obviamente en alianza con los ciudadanos bolivianos, ha incrementado notablemente. Puedo decir que hace 3 o 4 años en el Madidi, en las rutas que hacemos en recorridos ecoturísticos, la observación del jaguar era bastante alta hace tres, cuatro años atrás, en los últimos años, poder observar un jaguar se ha disminuido notablemente.

ESCUCHAR PARTICIPACIÓN DE LA BIÓLOGA ÁNGELA NUÑEZ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA:

Las denuncias realizadas por otros comunarios en la zona del Madidi, hace dos años, señalaban también del escape de los jaguares a zonas muy alejadas, huyendo de, lo que coligieron, una cacería masiva. El incremento de la caza del jaguar, fue incluso visto y advertido a autoridades desde 2011-2012, siendo el 2014 un año en el que se incrementaron las denuncias sobre tráfico de sus colmillos. Si bien había amenazas anteriores por la presencia de madereros, y otras empresas en el Madidi, el 2016 habitantes de las comunidades en el Madidi, habían hecho notar la relación del incremento de la cacería a la llegada de la empresa china CAMC contratada para la ejecución del Complejo Azucarero de San Buenaventura.

La selva está de luto, cazar es asesinar (Arte contra el exterminio de jaguares, foto Chaski Klandestinx)

Es claro que existen otras causas estructurales que son parte de la crisis por tráfico de colmillos, por ejemplo se destina un presupuesto anual de 200.000 bolivianos donados por Dinamarca para la lucha contra el tráfico de la fauna silvestre, cifra pequeña frente a la gran inversión de 6 mil millones de dólares prevista por el gobierno para un proyecto destructivo del ecosistema amazónico como es la  Hidroeléctrica Chepete – El Bala. Villca señaló también la insuficiencia de equipamiento de los guardaparques, así como la apertura de la amazonía a millonarias inversiones privadas, destinadas no solo a la construcción de mega infraestructura, sino a proyectos extractivistas:

Con la lógica de “desarrollo” entre comillas, de llevarnos carreteras, de llevarnos puentes, de llevarnos fábricas, de permitir a las empresas mineras, a las empresas petroleras  acceso a nuestros territorios, acceso a nuestras áreas protegidas, es el resultado que estamos viviendo de cifras cuantiosas de tráfico de vida silvestre…

Es ya conocido que no hay un seguimiento jurídico y apoyo legal efectivo, como debería realizarse a estos casos denunciados, ni a lo que está pasando en diversas zonas de la amazonía del país y áreas protegidas como Tariquía. El Ministerio de Medio Ambiente, el mismo 2 de marzo pasado, afirmó que de 15 procesos solo dos tuvieron sentencia por el tráfico del jaguar con una pena de tres años de prisión, sentencia que, como señala Núñez, puede tener medidas sustitutivas.

Tanto Núñez como Villca, coinciden en señalar que por lo que se ha ido viendo estos años, hablar de 200 jaguares asesinados para el tráfico de sus colmillos y órganos no refleja la brutal realidad de una cifra que podría ser  mucho más elevada:

Alex Villca: pero esa cifra de 200 jaguares que se hubieran aniquilado en los últimos años desde nuestra vivencia como pueblos indígenas, esa cifra queda muy pequeña.

Ángela Núñez: 200 jaguares es una aproximación, es un número aproximado que se tiene, que no refleja mucho la realidad porque efectivamente no se pueden detectar todas las acciones o todos los animales que están siendo cazados a nivel terrestre y esto responde mas bien únicamente a los que han podido ser detectados, entonces estos número bien podrían duplicarse, triplicarse o incluso más.

Habiendo contabilizado estudios recientes una población de 7 mil a ocho mil jaguares en el país, la matanza de cientos de ellos puede verse como un equivalente a la figura de genocidio. El jaguar no solo es una especie muy importante para el equilibrio del ecosistema, sino que es una especie que no tiene altas tasas de reproducción, necesitando, afirma Ángela Núñez, amplios espacios para reproducirse y vivir, los cuales son cada vez más reducidos y agredidos por la expansión de la frontera agrícola o la llegada de los mencionados proyectos de expoliación de materias primas y mega infraestructuras, que le podrían llevar a su desaparición.

Ante el nivel de las amenazas para el guardián de la amazonía y este inminente peligro de extinción, el cuidado de la vida del jaguar es una convocatoria para todxs, el no permitir que la muerte tan cruel  de cientos de jaguares siga siendo la base de un negociado millonario sostenido por redes de tráfico nacional e internacional, y agudizado por proyectos extractivistas.

Participación en la conferencia de prensa de Alex Villca, representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas del Río Beni y Río Quiquibey

 

 

 

Desde la cárcel de Esquel, Argentina, entrevista al preso político mapuche Facundo Jones Huala

Lxs compañerxs de la Red Internacional de Defensa del Pueblo Mapuche, en Italia, nos comparten para difundir, la entrevista que le hicieron este febrero al lonko mapuche Facundo Jones Huala, quien está preso de manera injusta en Argentina y con riesgo de ser extraditado a Chile, bajo la acusación de haber participado de un incendio de una propiedad en Valdivia, el 9 de enero del 2013. A pesar de que ninguno de los mapuches incriminados por el hecho ha sido encarcelado, por falta de pruebas, y a pesar de haber salido libre ya en una ocasión,  Jones Huala será juzgado por segunda vez por el mismo caso, lo cual pasa con muchxs presxs políticxs mapuche, como hemos visto en el caso de la Machi Francisca Linconao.

Afiche, por la LIBERTAD para el Lonko Facundo Jones Huala (De las redes)

El lonko que está preso luego de un operativo judicial el 27 de junio de 2017 y III idesde entonces espera un próximo inicio del juicio de extradición, ofrece una explicación de su situación y la  situación del pueblo mapuche en Argentina.

Se muestra que el contexto para la lucha mapuche en Argentina no podía ser más represivo, luego de la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato por fuerzas públicas del joven Rafael Nahuel, la persecusión y criminalización por parte de el estado no ha hecho más que crecer. El informe de 180 páginas que presentó Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, en Argentina, titulado R.A.M. (por Resistencia Ancestral Mapuche), vincula la lucha mapuche de este grupo, del cual es integrante Jones Huala, con terrorismo, y es un claro ejemplo no solo de muchas falacias convertidas en verdades de estado, sino del racismo institucionalizado y la evidente intención del gobierno argentino de reprimir de manera feroz al movimiento mapuche.

Así, comunidades en lucha que han recuperado territorio, y en especial la Pu Lof Cushamen, -a la cual pertenece Jones Huala, y que tiene una disputa directa con la transnacional de la moda BENETTON-, solo pueden esperar más represión, militarización, terrorismo de estado, violencia y asesinatos. La lucha mapuche se desenvuelve en medio de fuego de armas, el ingreso abusivo de fuerzas represivas a su territorio, el encarcelamiento y la muerte de los weichafe mapuche.

Facundo Jones Huala presenta un análisis sobre el extractivismo, las tierras usurpadas por Benetton, la política estatal contra los mapuche, que difundimos y compartimos como pueblos que estamos siendo agredidos de manera brutal por estados capitalistas y colonialistas.

 

Transgénicos, agrotóxicos y deforestación. Resistencia a la expansión del agronegocio

El 26 de enero de este año, colectivos y activistas contra los transgénicos en Santa Cruz, hicieron presencia para expresar su rechazo al seminario organizado por el Ministerio de Gobierno, partidarios del Movimiento Al Socialismo,  la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),  entre otros. Dicha conferencia denominada “Implementación de cultivos transgénicos o genéticamente modificados, como alternativa de mejoramiento a la producción”, estaba destinada, a decir de los colectivos, a hacer propaganda a favor de las semillas transgénicas, confundiendo biotecnología con transgénicos,  y a deslegitimar la lucha que por años han realizado como sociedad civil ante la amenaza de los agrotóxicos, los transgénicos y la deforestación, que son parte fundante del modelo del agronegocio en Bolivia.

 

NO a los transgénicos, SI a la agroecología (Foto: CODAPMA)

 

Las alianzas del gobierno y el sector  agroempresarial

El que instancias del estado y el MAS realicen un evento junto a las representaciones empresariales para mostrar los supuestos beneficios de los transgénicos como mejoramiento de la producción, tiene una historia más larga que remite a varios hechos políticos.

El 2008, se registraron los momentos de máximo enfrentamiento de sectores del empresariado más poderoso del país articulados políticamente en el Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE), con el gobierno del Movimiento Al Socialismo. Sin embargo, poco después de aprobada la Nueva Constitución Política del Estado el 2009, el MAS comenzó a establecer  acercamientos y luego pactos con dichos sectores. Hablamos de hechos como la incorporación a filas oficialistas de ex furibundos opositores al gobierno, otrora pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque de la oposición; de acercamientos políticos del MAS con fracciones del muy tradicional partido de derecha Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR); o la presentación de candidatxs masistas para las elecciones subnacionales, pertenecientes a  élites departamentales o que  habían militado en partidos de derecha.

Afiche del seminario organizado por instancias de gobierno y los agroempresarios

En el fondo están los acuerdos que poco después el gobierno comenzó a consolidar con la CAO, la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), etc., destinados a satisfacer las principales demandas de estos entes, relacionadas a la legalización de áreas deforestadas, ampliación del plazo de control de la Función Económica Social (FES), transgénicos y libre exportación de sus productos. Paradójicamente, normativas como la Ley de la Madre Tierra de 2012, son contradictorias con otras leyes como la 337 (2013), calificada como la ley del “perdonazo forestal”.

La denominada “Agenda Patriótica 2025”, en términos de política agraria, anuncia como un pilar económico la ampliación de la frontera agrícola a través de la incorporación de  10 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera, en un plazo de 10 años.

El 2015, en la criticada Cumbre Sembrando Bolivia del 2015, quedó de forma aún más evidente que,  a pesar de lo que establece la NCPE aprobada el 2009,  la política agraria favorecería a las agroempresas y no así a los pequeños productores y productores agroecológicos, sin embargo, esa ocasión, el tema de los transgénicos había “quedado en el limbo”.

En febrero de 2016, los acuerdos obtenidos en la Cumbre, se materializaron en tres leyes, (la 739, la 740 y  la 741),  donde el agronegocio se favoreció con la ampliación del plazo del control de la Función Social Económica (FES), de cada 2 a cada 5 años, así como se benefició por la ampliación del “perdonazo” por desmontes ilegales que hubiesen podido realizar.

Ya el 19 de diciembre de 2017, el gobierno nacional firmó un acuerdo con las principales organizaciones agroempresariales del país, el cual abarca las principales demandas de este sector.  Las tres mesas de negociación concluyeron en compromisos que favorecen  ampliamente a los empresarios privados y que resultan adversos a sectores indígenas y a la seguridad alimentaria del país.

La Fundación Tierra, en un análisis del acuerdo, señala la evidente connivencia entre la agroempresa, por ende las transnacionales vinculadas con ésta, y el gobierno. Encuentra  puntos importantes y que revisten gravedad: la aprobación de la libre exportación de productos como la soya, carne de res, derivados del alcohol, etc., una medida de corte neoliberal; se legalizarían las quemas ilegales de bosque realizadas en los últimos ocho años;  se determina establecer una nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, sobrepuesta al territorio indígena del pueblo Gwarayu, lo que significa legalizar asentamientos e inversiones ilegales afectando casi la totalidad de la reserva; el punto cinco de la mesa 2, permite la apertura a transgénicos de la soya hacia otros tres productos más: maíz, caña de azúcar y algodón.

La resistencia frente al modelo del agronegocio en Santa Cruz 

En un contexto difícil, como sede de las principales organizaciones de la agroindustria, y como departamento donde se ha concentrado la utilización de las semillas transgénicas en la producción de soya, colectivos urbanos y  pueblos indígenas se han opuesto a la introducción de transgénicos en la producción de maíz y otros productos, así como a la política de ampliación de la frontera agrícola impulsada desde el estado, en desmedro de áreas protegidas y territorios indígenas.

Alejandra Crespo, de la Coordinadora Por el Medio Ambiente (CODAPMA), luego de tres años de hacer un seguimiento y movilizarse como colectivo frente a las políticas estatales que favorecen la  expansión del agronegocio, la introducción de semillas transgénicas, el crecimiento exponencial de la importación de agrotóxicos  y la deforestación en Santa Cruz, señala:

A.C. El actor que se beneficia en este caso son las empresas transnacionales que proveen los agrotóxicos que acá en Santa Cruz principalmente, que es donde se maneja el agronegocio. En las carreteras uno puede ver sus vallas de todas estas transnacionales como BAYER, SYNGENTA, entonces son empresas que están justamente buscando el monopolio del uso de los agrotóxicos a nivel mundial y de las semillas también y cada vez ellos se están apoderando de los insumos y de las semillas, y obviamente a lo que apuntan es justamente a obtener el monopolio de estos recursos que son tan importantes, principalmente la semilla para definir qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y a qué precio se produce.

Organizaciones civiles que también son parte de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, en mayo de 2017, realizaron la denuncia sobre la existencia de plantaciones de maíz transgénico ilegal, realizada en la colonia menonita Pinondi,  en la zona de Charagua[14], la cual fue confirmada por autoridades:

A.C.: El año pasado hicimos la denuncia de que  ya habría maíz transgénico produciéndose de manera ilegal, tampoco recibimos respuesta, nos dimos la molestia de ir a la zona del Chaco, una colonia menonita, y verificar con un kit genético justamente la denuncia que hicimos, y evidentemente describimos que ahí había maíz transgénico resistente al glifosato, hicimos la denuncia, presentamos todo un estudio técnico y demás ante el SENASAG, ante e INIAF porque son las autoridades competentes que deberían regular esto,  la respuesta que nos dieron, de que irían a verificar y si en caso de que fuese cierto quemarían esos campos, pero nunca supimos nada al respecto, no nos dieron mayor información.

Las Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos, (COPNAG), por su lado, se han pronunciado ante la decisión de realizar una nueva delimitación en la Reserva Forestal Guarayos, que a su vez es territorio indígena, declarándose esta organización en emergencia al no haber sido consultados y exigiendo el desalojo de asentamientos ilegales, sanciones a los desmontes ilegales y  rechazando de manera total el convenio entre agroempresarios y el gobierno.

A.C.: Nosotros en el marco de la plataforma nacional sacamos un pronunciamiento también los del Comité Científico de Biotecnología, plataforma agroecológica muchas plataformas que se manifestaron repudiando la situación de alianza del agronegocio con el gobierno, que son los que definen lo que se produce en Bolivia para apoyar transnacionales en desmedro de la salud y economía de los bolivianos. Es escandaloso ese seminario y por eso decidimos ir a protestar.

Mientras lxs activistas que expresaron su rechazo al evento organizado por personeros de gobierno, del IBCE y del agroempresariado, fueron  agredidos a la salida por grupos de choque, se esperan los próximos pasos que el acuerdo Gobierno- empresarios han definido para dentro de unos meses, es decir, la propuesta sobre transgénicos que deberá ser presentada por el sector privado en marzo de este año y lo que sucederá en la Reserva Forestal Guarayos. Lo que implica ver que las autoridades solo están negociando con los agroempresarios y no así con la población.

El comunicado de la COPNAG señala en su parte final:

“Hacemos recuerdo al Gobierno Nacional que Nuestro territorio no fue regalo de ningún Gobierno, sino más bien es producto de movilizaciones, luchas, sacrificios de vidas humanas, por mantener reproducir y conservar nuestro sistema de vida en un territorio ocupado y defendido ancestralmente, por tanto de no ser escuchada nuestro petitorio seguiremos defendiéndolo si es posible con nuestras vidas como lo hicieron nuestros antepasados y tomaremos todas las medidas que sean necesarias en defensa de nuestro territorio”.