El 24 de mayo de 2018, al promediar la una y media de la tarde, un proyectil segó la vida de Jonathan Quispe Vila, (20), -estudiante universitario de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto-, luego de participar en una movilización estudiantil que exigía mayor presupuesto para la UPEA y que fue reprimida brutalmente por la policía.
En mayo y junio de 2018, una gran movilización fue sostenida sobre todo por estudiantes de base y el Comité de Movilización, que, en medio de contradicciones y presiones por acallar las demandas presupuestarias, protagonizaron una de las protestas más largas en la historia de la Universidad Pública de El Alto.
(Foto: prensa nacional)
Como nunca antes había sucedido -“ni en gobiernos neoliberales”, como afirmaban los estudiantes-, ese 24 de mayo, la represión policial contra la marcha estudiantil, culminó con el asesinato de Jonathan Quispe Vila. De nuevo caía por impacto de proyectil un joven alteño, esta vez bajo la égida del “gobierno de los movimientos sociales”.
Las declaraciones posteriores del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que la muerte de Quispe había sido provocada por sus propios compañeros con una canica de vidrio, desataron una ola de indignación. La aparición de videos clave tomados por cámaras de los edificios en las inmediaciones donde acaeció la muerte del estudiante, desmintió la versión del gobierno y la mostró como falsa, obligando a autoridades de estado y a la misma policía a cambiar sus declaraciones iniciales. Pidiendo disculpas por “haber sido inducido a un error”, el Ministro Romero presentó ante los medios al Subteniente Cristian Casanova Condori, detenido como único responsable de la muerte de Jonathan, concluyendo que éste había sido identificado en imágenes portando una escopeta que no sería de uso reglamentario para la policía. “Estamos en la condición de acreditar la responsabilidad del subteniente Casanova Condori que de manera autónoma y aislada ha hecho el empleo de este instrumento que no estaba autorizado para el efecto”, afirmó el director de la FELCC, Jhonny Aguilera, recalcando que las acciones de Casanova eran de “responsabilidad personal»,deslindando así cualquier responsabilidad política del estado.
UPEA: Indignación y movilización
La indignación creció en la UPEA, y desde el día del asesinato de Jonathan Quispe, las marchas estudiantiles exigiendo justicia y un mayor presupuesto para la universidad, salieron todos los días, durante más de un mes, a las calles, afrontando la estrategia de desgaste, infiltración, y una dura campaña de desprestigio mediático, que desplegó el gobierno contra la movilización.
La Universidad Pública de El Alto, nació el 2003, gracias a la lucha que llevaron a cabo organizaciones alteñas y jóvenes de esa época. Después de quince años, estudiantes de base como Juan, de la carrera de Sociología, frente a un déficit presupuestario en la universidad, salieron una vez más a protestar. Sin embargo, el problema no había surgido el 2018, sino venía desde, por lo menos, el 2011, cuando se dio la primera movilización en reclamo por mayor presupuesto y por los recursos de la co-participación tributaria.
Juan: El 2016 hemos salido a una marcha porque ya había déficit, esto también por los dobles aguinaldos que se da, el incremento salarial que el gobierno mismo lo implementa, a raíz de eso ha ido creciendo el déficit, también por la demanda de los compañeros de las familias alteñas que sus hijos vienen a estudiar aquí. El 2016 se ha salido por coparticipación, el 2017 hemos salido igual alrededor de un mes.
Políticamente, las demandas económicas estaban enlazadas a propuestas más radicales de los mismos estudiantes, quienes exigieron la realización de auditorías internas, la defensa estudiantil del voto universal en la UPEA y de la periodicidad de cátedra, todo mediante la realización esforzada de asambleas como máximas instancias de decisión.
En mayo de 2018, con el impulso de estudiantes quienes, a través de los centros de estudiantes de las carreras de Sociología, o Comunicación Social, entre otros, participaron de forma activa en las asambleas universitarias que fueron los pilares de la larga movilización en la UPEA, y que requirió hacer frente a las mismas posturas político partidarias dentro de la universidad y a sus estructuras jerarquizadas – jerarquizantes.
Luego de ese fatídico 24 de mayo y el velorio multitudinario de Jonathan Quispe en la UPEA, con un apoyo temporal de todo el sistema universitario fiscal, los estudiantes y docentes, organizados en los comités de Movilización y Negociación, sostuvieron las movilizaciones que dieron paso a varios intentos de acercamiento con ministros y otras autoridades, aunque los estudiantes habían exigido reunirse directamente con el presidente Evo Morales.
Para Juan, fue un aprendizaje sobre cómo el poder estatal trataba de minar la movilización y cómo la fuerza de la asamblea se sobrepuso a los intentos de división y debilitamiento interno: “Nosotros nos declaramos en huelga de hambre ahí en la Vicepresidencia y ha sido una dura decisión, ahí he visto que realmente una Asamblea Docente Estudiantil era la máxima autoridad, prácticamente si no hubiera existido una Asamblea Docente Estudiantil, lo hubieran negociado”.
La huelga estudiantil fue expulsada violentamente de la Vicepresidencia.
A fines de junio sucedió la última marcha multitudinaria de la UPEA. El gobierno hasta el final, negó la posibilidad de implementar una solución permanente al problema presupuestario mediante la reforma de la coparticipación tributaria, ofreciendo a cambio 70 millones de bolivianos para paliar el conflicto por algunos meses.
“La muerte de Jonathan es innegociable”: la UPEA un año después
El seis de marzo de 2019, en un juicio, -que se volvió abreviado-, marcado desde un inicio por irregularidades y versiones contradictorias de las mismas autoridades de gobierno, el Subteniente Casanovas, fue sentenciado a 5 años de prisión por delito de “homicidio”, y, según la abogada de la familia de Jonathan, podría salir de la cárcel pasado un año de los hechos, o, luego, solicitar el beneficio de extramuro pasados menos de dos años y medio. La condena es mínima tratándose de un caso por asesinato de un estudiante y no se han establecido las responsabilidades políticas de la represión que ejerció la policía contra los estudiantes.
En la UPEA, el gobierno ha desplegado una estrategia de copamiento de las estructuras orgánicas de la universidad a través de candidaturas masistas abiertas o encubiertas, y la extensión de un aparato prebendal. Sin embargo, entre muchos estudiantes de base, la muerte de un compañero es un hecho que no se puede transar: “el asesinato de Jonathan es algo innegociable” afirma otra docente de sociales de la UPEA, mientras que Juan concluye: “El conflicto no ha terminado”.
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